LA HORRIBLE NOCHE

Hoy se ha anunciado la suspensión de las fumigaciones a lo largo de un franja de 10 km de ancho de la frontera colombo-ecuatoriana, a partir de enero y aproximadamente por los cinco meses siguientes. Como alternativa, al menos en teoría menos problemática, se incrementará la erradicación manual en la zona mientras se revisa la política en cuestión.

La decisión no ha sido espontánea. Es el resultado de la presión ecuatoriana en varios asuntos, no sólo en el de las fumigaciones sino también en particular los del grave desplazamiento de colombianos y la cuestión de la soberanía fronteriza. Recientemente se ha tenido noticia de una aparente violación del espacio aéreo y/o terrestre del vecino país durante algunas operaciones en el Putumayo, lo que por supuesto no fue bien recibido, sea o no verdad.

Ahora, la suspensión es una medida algo inusual, ya que más que una solución al problema, después de tanto ruido al respecto, es en realidad una especie de compás de espera o tregua que se le habría otorgado al Ecuador para no llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. No se han dado excusas por la supuesta violación de la soberanía (sin olvidar que no es sólo el ejército el que viola esa soberanía en ocasiones, sino también los grupos ilegales y criminales), y en todo caso la suspensión es temporal, sin que se acepten los daños colaterales que vendría a suspender. Lógicamente, persiste cierta incomodidad en el ambiente.

Así las cosas, no nos dejemos sorprender, entonces, si después de algún tiempo la tregua llegase a quedar sin vigencia y, en cambio, tuvieramos que seguir con la misma pelea. Una pelea queno le conviene ni al Ecuador ni a Colombia, ni a sus intereses mútuos. Le conviene, eso sí, a las FARC y a los narcotraficantes, quienes seguramente celebran cada crisis de esta naturaleza. Ojalá que la usualmente impredecible realidad sea superior a esa predicción.

Regresando por hoy al otro lado de la tarima...ya lo habíamos anticipado en alguna oportunidad anterior, porque no creíamos que hubiera más razones para que siguiera la pelea que para que se solucionara, dados los paradójicos intereses en juego, pero igual es bastante raro ver cómo en 24 horas, literalmente, se ha cocinado lo que parece la "reconciliación gobierno-AUC".


Lo más curioso es que apenas ayer se decía que los intentos por reanimar el proceso habían sido insuficientes, pero es que en ese momento el que estaba a la cabeza del esfuerzo gubernamental era el Alto Comisionado para la Paz, y no el Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega. Ojalá que en últimas no sea mucho el ruido y pocas las nueces, a la larga, aunque por ahora no tengamos mayores detalles al respecto.

Extrañamente, desde hace rato se sabía que la famosa "ternura" del Comisionado a veces ha sido o insuficiente o más bien agria para sus interlocutores, y en cambio el toque algo menos tierno pero más fotogénico y cómico de Pretelt al parecer ha obrado la magia de la solución que ahora estamos viendo.

Sabiendo eso, ¿qué les habrá dicho Pretelt a los paramilitares para conseguir que las desmovilizaciones se vayan a reiniciar próximamente? No lo sé, pero me gustaría saber, así fuera anecdóticamente. Todavía es temprano para conocerlo, fuera de especular sobre posibles modificaciones al cronograma o mejorías en sus condiciones carcelarias, además del tema central de la extradición, pero al parecer el proceso ya va para largo...en alguna medida gracias al toque de Pretelt, seguramente.

No, no se trata de una reflexión sobre el eterno clima de Bogotá, aunque bien podría caber ese tema dentro del título. Pero de lo que vamos a hablar un poco es sobre la situación de las FARC en la Colombia actual, específicamente sobre su situación mediática-política.

No se trata sólo de repetir lo que reporta la prensa nacional e internacional , que se ocupa en general del combate contra ellas en la mayoría de los casos, sino de ver qué es lo que dicen, para luego empezar a vislumbrar algunos de los rasgos de qué puede existir detrás de todo ello.

Claramente es fácil ir a las páginas de los insurgentes, observando de paso que varias han sido recientemente renovadas. Lo primero que uno encuentra es lo mismo de siempre, un rechazo a la reelección, una condena del "fascismo" y el "imperialismo", un llamado en torno a la "democracia" y a la "justicia social", una defensa del "intercambio de prisioneros", y por ahí sigue la cosa a grandes rasgos. En pocas palabras, al lector lo recibe un mar de quejas, alguna que otra consigna u propuesta nebulosa, y un desierto de autocríticas.

Todo eso puede ser descartado como retórica por alguien que no comulge con sus ideas ni sus métodos, pero la cuestión no es tan simple, no se queda ahí. Porque, lo queramos aceptar o no, hay personas que sí se comen el cuento. O lo que es más grave, personas que en principio no lo hacen pero que sufren "conversiones". Y en asuntos ideológicos y políticos no hay demasiadas cosas más peligrosas que un fanático recientemente convertido.

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¿Y quiénes podrían convertirse? Veamos...si se hiciera un estimativo no científico, el número de personas que se encuentran en este momento plenamente del lado de las FARC probablemente no sobrepasa, dentro de Colombia, algunos cientos de miles, a lo sumo un millón o dos, por decir cualquier cosa. A la mayoría de esos no hay que contarlos entre los lectores de sus páginas.

¿Porqué? En primer lugar, porque los que ya están convencidos o bajo su directo control no necesitan mayores estímulos, además de que quizás tendrán acceso directo a su papelería. En segundo lugar, porque las FARC son un movimiento primariamente de carácter rural, específicamente ligado al mundo cocalero desde que el negocio de las drogas se disparó hace más de una década , en un país donde la población es urbana en su gran mayoría.

Sumada a esa realidad, más del 90% de los colombianos vive hacia el noroeste u oeste, mientras que en los amplios espacios del este y el sureste, zonas de colonización reciente que por largo tiempo han sido una retaguardia estratégica guerrillera, no se concentra más que un 5% de la población total. Siendo generosos, digamos que su apoyo en esos sectores todavía persiste intacto y es estable, sobretodo por ser una tradición.

Pero los que pueden leer con regularidad las páginas, periódicos, revistas, redes, agencias de noticias y demás pronunciamientos guerrilleros, por lo tanto, son fundamentalmente dos grupos: los burgueses y los extranjeros. Para leer sus documentos en línea se necesita internet, y ese medio de comunicación es inexistente en las veredas más profundas del Caquetá, o en las comunas más pobres de las capitales.

Tener internet implica poseer las facilidades logísticas necesarias, lo que requiere o bien de una cantidad moderada de dinero, o un acceso razonable a lugares con ese servicio, y en ambos casos es indispensable la voluntad, el interés y el tiempo libre para hacerlo. La mayoría de la población colombiana no cumple con esas condiciones.

Por otra parte, sí lo hace algún porcentaje desconocido del mundo educativo e intelectual, sin duda. Independientemente de si se trata de instituciones públicas (usualmente a donde van los hijos de los "pequeños" burgueses) o privadas (a donde van los de los "grandes" burgueses), el ambiente en general es propicio para quienes decidan hacerlo. No significa que lo hagan muchos o pocos, pero sin duda habrá quien lo haga.

Ahora, fuera del país, probablemente, es donde las FARC tienen su mayor audiencia real y potencial, cuyo número asciende bastante más allá de algunos millones. Afuera hay mayor penetración de la internet y la simpatía por ese tipo de grupos, dentro del contexto actual, es mayor en naciones donde el discurso estatal (en los gobiernos) o contraestatal (en la oposición armada o pacífica) tenga varios puntos de encuentro con el que las FARC manejan. O, en su defecto, donde sus ideas puedan circular libremente dada la falta de fenómenos comparativos recientes a los cuales se pueda apelar como contraejemplos.

¿Y qué interés tiene las FARC en que su discurso pueda alcanzar a los dos grupos anteriormente mencionados? Próximamente reflexionaremos más al respecto...

Los diferentes medios nos transmiten que se está acercando rápidamente el momento de definición en las negociaciones del TLC entre Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Desde hace rato se viene diciendo por parte de los críticos y detractores de la negociación que en temas considerados como sensibles, entre ellos específicamente la agricultra, la propiedad intelectual, los medicamentos y curiosamente (porque de "cultura" tiene muy poco, más tiene de empleo y de ingresos) la televisión, los efectos del tratado serán nocivos para Colombia. Eso dicen, no es necesariamente todo lo que va a ser realidad, dado el alto contenido político de la discusión interna, pues aquí en Colombia no es otra cosa lo que está ocurriendo.


Mil cosas se han dicho en medio de argumentos interesantes, más o menos, pero el caso es que la negociación no ha dado muestras serias de que se vaya a interrumpir, para bien o para mal, y no importará el que los tres países tengan poco o nada en común a la hora de sentarse en la mesa, fuera de ciertos deseos gremiales y gubernamentales para conseguir algo que, a su juicio, les beneficie con el menor número de sacrificios directos, aún a costa de los compañeros de salón. Y, hay que admitirlo, sin que vaya a importarles demasiado lo que a otros sectores de nuestras naciones no les parezca oportuno, con o sin razón, así como a esos sectores poco les importan los beneficios que no vayan a percibir.

Los Estados Unidos tienen una posición que resulta hasta curiosa si pensamos en el tema con cuidado. Por un lado nos presionan para que firmemos con la amenaza de quitarnos las actuales preferencias arancelarias, y por el otro no parecen tener ganas de ceder en los temas sensibles mencionados. Mejor dicho, quieren que seamos flexibles ante sus propuestas, pero no quieren darnos demasiado margen de maniobra. Un poco unilaterales en su definición de lo que es el "libre comercio", ¿no creen? Ni nos van a "premiar" a los colombianos más que a los peruanos y ecuatorianos, por más que haya "intereses estratégicos" para hacerlo. Pero eso no es todo.

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Teniendo eso en cuenta, ¿será que al fin se firmará ese tratado? Según ha dicho el gobierno colombiano, claro que sí, pero la firma de los negociadores por sí misma no resuelve nada. Es más, entre otras cosas, el tratado debe ser ratificado por los congresos de los países involucrados, como paso previo a su puesta en práctica, y absolutamente nada nos asegura que ello vaya a ser inevitable, y menos en un año electoral. El asunto podría tardarse mucho más, o hasta simplemente quedar sin vigencia por falta de ratificaciones.

No es un simple trámite. Ni siquiera fue fácil firmar el CAFTA en los mismos Estados Unidos, a pesar de toda la fuerza y presión que utilizó su gobierno y su equipo negociador, tanto interna como externamente, para lograr su redacción final. Entonces, ¿qué ganan con hacernos firmar un papel que ni ellos mismos están seguros de poder poner en práctica? Orgullo en primer lugar, pero ni de eso tienen mucho en materias comerciales.

No hay que olvidar que, como lo ha revelado una reciente cumbre, el ambicioso ALCA está prácticamente en coma, fragmentado en acuerdos "regionales" (entendidos como negociados por distintos países de una misma región, no porque la región tenga la madurez para negociar en conjunto). Así que para valorar tanto los costos como los beneficios reales del libre comercio (o mejor, de un comercio más libre, sí, pero sin llegar a ser libre del todo), me temo que todavía está muy lejos el momento de la verdad, por más que en los medios se diga lo contrario.

Lo único que me permito reiterar, de mi parte, es que en medio de la globalización, de la cual el TLC no es sino un punto, las consecuencias no serán necesariamente malas ni buenas de por sí, porque todo depende de cómo decidamos afrontar sus retos y sus oportunidades.

El tiempo corre y pronto estaremos en el 2006, por lo que es entendible que, desde antes de que se aprobase una Ley de Garantías que casi no se salva, tanto el gobierno como los demás sectores políticos hayan empezado a lanzar sus caballos de batalla, buscando tomar ventaja ante la inminente campaña electoral.


Pensándolo bien...¿lo que viene no será apenas la recta final de una campaña intermitente, si tenemos en cuenta el estilo tan mediático, tan cuestionado y tan valorado, de gobierno que el actual presidente ha mantenido desde casi el inicio de su mandato? Y, lógicamente, también han entrado en el mismo juego mediático sus opositores y partidarios, aunque no siempre con la misma percepción de éxito (lo que a veces difiere de la realidad).

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Eso no es todo, claramente, aunque una imágen puede valer más que mil palabras. Las movidas circenses que han tenido entre otros los políticos pasados, actuales y futuros, buscando encontrar las mejores "fórmulas", "alianzas" y "listas", no han terminado y no se puede descartar que vengan pronto algunas sorpresas, más allá de las conocidas, como el salto mortal de Juan Manuel Santos, de precandidato liberal a director de la orquesta en el partido de la "U".

Pero no le ha salido bien el concierto, pues el uribismo sigue siendo igual de monstruoso en su desorden estructural, pareciendo más una hidra de mil intereses oportunistas que una verdadera coalición. Por un lado, si es que podemos encontrar los límites precisos entre uno y otro fenómeno, está el uribismo urbano, el que responde en buena parte al llamado "voto de opinión" legítimo, mientras que por el otro tenemos el uribismo rural, que responde todavía a las presiones clientelistas de siempre.

No podría ser de otra forma, teniendo en cuenta que, técnicamente, dentro del uribismo en su sentido más amplio caben tanto Vargas Lleras como Rocío Arias, por poner uno de los ejemplos clásicos pero no el único. Sin olvidarnos del bochornoso caso del par de paramilitares desmovilizados que hasta hace poco tenían buenas oportunidades de colarse a la fiesta, aún si sus ilustres colegas en Santa Fe de Ralito seguían inmersos en la versión posmoderna de la vieja estrategia comunista del proselitismo armado. ¿Será todo ese enredo benéfico para el presidente-candidato Uribe a la larga, o le saldrá mal la apuesta por domar semejante animal? Todavía no lo sabemos.

Al otro lado del espejo, la oposición de izquierda, siendo el Polo Democrático y Alternativa Democrática los entes de mayor perfil, busca unirse para crear una verdadera alternativa al gobierno, pero al mismo tiempo se tropieza en el camino, revelando que sus debilidades internas son la mejor arma contra ellos. No hay discursos magistrales ni pataletas que los salven si ellos mismos no pueden dejar a un lado su propio egoísmo. Las demandas de Carlos Gaviria atraen la atención y quizás señalen errores formalmente ciertos, como los que señalaba el prócer Santander, pero a todas luces tendrían poco contenido sustancial y menor importancia jurídica a largo plazo.

¿Alguien se cree que en un eventual juicio se termine destituyendo al presidente Uribe por haber nombrado para liquidar a Minercol a alguien que a fin de cuentas resultó inhabilitado, cuando ni siquiera se pudo tumbar a un Ernesto Samper por fallas aún peores? No lo creo, aunque ciertamente Colombia es un país de sorpresas, así que...lo mejor es sentarse a esperar.

A propósito, ni que decir que el Partido Liberal sigue en cuidados intensivos, a pesar de haber sido parcialmente rescatado por la llegada de César Gaviria, en versión de defensor de la socialdemocracia y de enemigo mortal del neoliberalismo. Formalmente eso sería bueno, aunque no soy adivino como para saber si ese cambio es de corazón o sólo de palabra, pero de por sí denota una gran inconsistencia y un ánimo de protagonismo tardío, algo que no impresiona demasiado. Menos aún cuando la maquinaria clientelista liberal tampoco se ha apagado, y menos podría hacerlo cuando hay ciertas contradicciones inesperadas de por medio (¿No decían que era mala la reelección inmediata?).

Y ahora se suma el ex-presidente López Michelsen a todos esos esfuerzos por tratar de darle aires a su agrupación en la plaza pública, quizás recordando un poco tarde sus años de campaña en el MRL después de escribir tantas columnas...olvidando, por supuesto, lo que a fin de cuentas fue su gobierno en la práctica. ¿Será que ese síndrome resultará contagioso, más allá de las toldas "rojas"? Esperemos a ver...en medio del afán electoral, la memoria histórica y política de Colombia suele quedarse muy atrás.

A la hora de escribir estas líneas parece que se habría dado una tregua, pero sigue todavía un ambiente de alta tensión en el Cauca, donde integrantes de las comunidades indígenas continúan enfrentados a la policía, como consecuencia de que hace algunas semanas y hasta meses hayan invadido tierras ajenas en esa región, con la intención de reclamarle al estado que cumpla cabalmente con los compromisos de redistribución de tierras que ha adquirido hace casi una década.


Como era de esperarse, porque no es ni la primera ni la última vez que suceden hechos similares, el gobierno ya había dicho que no permitiría las invasiones y que la policía tiene la orden de desalojar a los responsables. Al menos uno a dos indígenas han muerto, según su comunidad por medio de las armas de fuego oficiales, y un número mayor ha sido herido en los enfrentamientos con gases lacrimógenos, al igual que al menos uno de los policías ha sufrido quemaduras, presuntamente por cócteles molotov. Las tierras involucradas también han sufrido varios daños y pérdidas en medio del caos.

Sin duda que los pueblos indígenas que participan en las invasiones tienen la razón moral e histórica de su parte, al exigir de mil maneras que les cumplan con las obligaciones jurídicas adquiridas, sin olvidar que su reclamo responde también a la generalizada ausencia de una reforma agraria real en el país. Pero las invasiones son hechos de fuerza que, aunque a veces sean más tolerados por los gobiernos en países vecinos, aquí en Colombia son estrictamente ilegales, y no son vistas con buenos ojos aún por quienes simpatizan con sus causas y condenen la represión que sufren.

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Desde luego, nada de eso justifica que se utilicen armas de fuego en su contra, ni en general la represión policial, y menos cuando ésta va más allá de lo necesario y bordea la brutalidad. Pero, ¿al fin y al cabo, puede el autoritarismo del estado justificar el autoritarismo extraestatal, o vice versa? No lo creo.

Ninguna forma de violencia o de coacción excesiva, sea estatal o étnica, debería utilizarse para reclamar derechos colectivos, o en su defecto, para defender la propiedad privada. Las cosas hay que hacerlas dentro de la ley. Aún si todavía, según lo estipula la Constitución, no se le haya asignado un rol social a la propiedad privada en beneficio de la comunidad y/o de todos los resguardos. El estado tiene el deber de cumplir con todo el articulado de la ley suprema, que es la Constitución, lo que no contradice el que los acuerdos que se hayan firmado con los indígenas sigan vigentes, sean o no fáciles de poner en práctica.

Sin duda, no es un nudo simple de desatar. Las autoridades insisten en que los indígenas ya poseen la mayoría de las tierras en esa zona y que gradualmente se negociará con ellos para, eventualmente, cumplir con el resto de los compromisos, pero sin ceder a los chantajes y a las invasiones. Por su parte, las comunidades dicen que están cansadas de esperar, que las tierras que tienen son insuficientes frente a las cantidades acordadas con administraciones anteriores, que su productividad y riqueza es baja, y que como resultado sus necesidades siguen siendo amplias ante la indiferencia del estado.

Como si eso no fuera suficiente complicación, no sólo serían el gobierno y los grandes terratenientes de la zona quienes, lógicamente, se encuentran en conflicto con los indígenas. También las comunidades negras y campesinas están divididas ante el problema, pues aunque algunos de ellos apoyan las invasiones anteriores, dentro de ellas hay quienes sienten algo de envidia y de recelo hacia los indígenas porque los ven en una situación política y socioeconómica superior, mientras que ellos mismos no tienen tanta capacidad regional de convocatoria ni tanta visibilidad nacional.

Veo difícil que la situación cambie a largo plazo, pero debo insistir en una cosa: La negociación y la discusión deben emplearse, aún en medio de las dificultades tan dolorosas y lamentables a las que nos tienen acostumbrados la historia y la actualidad del país, para así conservar tanto la superioridad moral del derecho ancestral de los indígenas, como para mantener el respeto a la ley colombiana actual.

Aunque no se llegue a una solución inmediata, lo que todos quisiéramos, es preferible seguir por ese camino, el pacífico, contra viento y marea. Porque si se deja que la violencia triunfe y monopolice la discusión, entonces el derecho ancestral se verá manchado ante la población, y la ley (y por extensión el estado que la aplica) igualmente seguirá perdiendo su autoridad. Ojalá se pueda hacer lo suficiente por romper con la tendencia histórica y detener el progreso de esas consecuencias, que sólo nos llevarán a todo hacia peores destinos que los actuales.

Esperando a que avanzaran los desarrollos de las noticias propiamente nacionales, me he encontrado con que en el vecino país del Ecuador por lo visto siguen bastante tensos los ánimos por varios hechos recientes, entre ellos la situación interna de ese país y, como también se ha vuelto costumbre, la continuación de las fumigaciones colombianas cerca de la frontera. Algo, que, junto con los desplazamientos causados por el conflicto interno, prácticamente se resume para ellos (y otros) en dos palabras: Plan Colombia.


Desde luego, debo decir que considero que esa es una visión simplista y maniquea del asunto, ya que el Plan Colombia no se inventó las fumigaciones ni se inventó el conflicto interno ni el desplazamiento, aunque sin duda que sí representa una continuación de políticas antidrogas cada vez menos creíbles alrededor del mundo, cuyos efectos el Ecuador tiene todo el derecho de cuestionar...pero, desafortunadamente, lo están y lo estamos enfocando como un asunto meramente local, no pasa nada en cuanto a la estrategia mundial antidrogas en sí, no hay un verdadero dinamismo en la discusión.

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Casi nadie está contento, ni siquiera en nuestro vecindario, con esa política y sus resultados. La crítica existe, pero la reacción generalizada es la indiferencia, y no se ha logrado estimular un cambio de rumbo generalizado. Aquí en Colombia el gobierno ahora habla de promover la erradicación manual allí donde sea posible, pero apenas como complemento, y no descarta fumigar los cultivos de coca en parques naturales cuando la situación de orden público lo haga necesario.

Todo eso se entiende, pero no hay una alternativa seria a las fumigaciones porque todos nos hemos quedado estancados dentro del esquema prohibicionista, uno que no sirvió en su momento cuando los EE.UU. lo aplicaron internamente a las bebidas alcohólicas, y menos va a servir ahora en nuestro territorio.

El monopolio del debate en ese sentido se le ha dejado a los extremistas ante el abandono gubernamental de la discusión, o si acaso a los grupos ambientalistas e indígenas, lo que debido a su relativa marginalidad (en Colombia al menos) impide que el tema sea tomado en serio a pesar de su gravedad (porque aunque la mayoría de ellos tengan, en el fondo, buenas intenciones, para parte de la sociedad eso no siempre corresponde a la realidad de las consecuencias prácticas de su discurso, pues no es secreta la simpatía de algunos de ellos con la insurgencia).

Volviendo al Ecuador, el malestar hacia las fumigaciones cada vez se acumula más. Tanto así, que al parecer ya su respectiva Defensoría del Pueblo tiene ganas de demandar a Colombia ante la OEA, a pesar de que supuestamente el presidente Alfredo Palacio había dicho que su gobierno no iba a hacerlo. Supuestamente se iba a esperar a ver si finalmente se realizaba el tan anunciado estudio científico a fondo sobre los verdaderos impactos del glifosato y la fumigación en la frontera, para de una vez salir del enredo civilizadamente y no seguir con el sensacionalismo de los micrófonos. Pero para el caso, el resultado podría ser el mismo, con o sin estudio, parece que nos van a demandar.

Aunque eso lógicamente perjudicaría las arcas del estado colombiano y a nosotros los contribuyentes por extensión, no sería tan mala jugada, si al menos los demandantes se molestasen en llevar a esa instancia u otra la cuestión fundamental de la política antidrogas a nivel regional.

Pero por lo visto lo que está de moda es el descartar que ésto se vuelva un tema regional o internacional, queriendo mantener la discusión entre Colombia y Ecuador, sin involucrar a los otros países y a los Estados Unidos...quienes al fin y al cabo son los principales promotores de la política antidrogas actual, no sólo en Colombia sino en el mundo. Aún en Venezuela, con todo y sus peleas verbales y reales con los EE.UU., el enfoque que tienen es casi igual, sólo que en menor proporción y con poco afán por cambiar de rumbo.

Lo que, en mi opinión, habría que intentar hacer es dejar atrás el egoísmo y el prejuicio mutuo que tanto nos hace daño y disponernos a realizar un debate amplio, internacional y coherente sobre la política antidrogas, sus efectos, sus resultados y sus fallas.

No se trata de lanzarnos hacia una legalización inmediata y sin peros, entre otras cosas porque las "drogas duras" siguen siendo verdaderos venenos, pero hay que reconocer que la política actual está de capa caída. De otro modo, seguiremos buscando paños de agua tibia para resolver cada crisis que se presente, lo que sólo nos perjudicará más, tanto a nosotros como al Ecuador y al resto de los vecinos.

La semana actual parece que contendrá varios eventos de bastante importancia para lo que en estos días se conoce como las garantías, tanto las puramente electorales como las de seguridad.


Se rumora que la Corte Constitucional emitirá un fallo positivo pero modulado (es decir, donde el contenido se modificará en aras de adaptarlo a la Constitución sin necesidad de devolverlo al Congreso) sobre la Ley de Garantías que debería regir en el 2006. Supuestamente ha surgido el tema de las garantías que tendrían que tener no sólo los demás aspirantes sino también el presidente-candidato. Algo que les ha parecido insólito a algunos, indiferente a la mayoría y lógico a otros: ¿Acaso la ventaja inicial que tiene un determinado presidente anula el que en otros sentidos pueda estar en desventaja?

Yo pienso que no, ambas realidades pueden coexistir, no se excluyen entre sí. ¿Quién dijo que sí lo hacen? Nadie. Claro que ahora ya se empieza a decir que la Corte ha sido comprada por el ejecutivo desde el fallo de la reelección, que se ha vuelto uribista, y mil cosas más...como si no importara que en muchos otros asuntos la Corte ha fallado y va a fallar en contra del interés gubernamental (¿les suena la palabra "aborto"?). Me perdonarán, pero yo no creo que la Corte tenga que ser uniformemente antiuribista o uribista para ser respetada. O todos en la cama, o todos en el piso, como se dice vulgarmente.

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Y al mismo tiempo, abordando otro aspecto de la cuestión, ayer en la noche se denunció un posible plan para asesinar a tres personajes de la izquierda legal (Gustavo Petro, Wilson Borja, y Carlos Lozano), de parte de un sector de las AUC (el de los "inconformes" donde extrañamente estaría metido gente al mando del "Don", según Petro). No estoy seguro sobre la realidad que exista detrás de todos los detalles específicos (¿"Don Berna" personalmente se aburrió de Itagüí, quiere irse ya para un hotel en Miami, con todo y gastos pagos de por vida?), pero aparece una pregunta lógica: ¿No es eso una muestra de la falta de garantías de seguridad? Claro que lo es, pero además eso nos reitera un viejo dilema casi sin solución posible, uno que es una bomba de tiempo.

Estamos en un país en guerra y mientras existan grupos armados no van a existir garantías de seguridad perfectas, ni en el 2006 ni nunca, ni con el presidente Uribe ni con el presidente Serpa o acaso el soñado clon de Chávez de algunos (menos aún quizás, en ese último caso, según soplan los vientos...). Ni siquiera los candidatos y políticos uribistas las tienen. En resumen, los políticos y sus bases desde hace rato que ya están en la mira no sólo de los paramilitares y de las mafias, sino que nunca han salido de la lista guerrillera de "objetivos militares". Si el gobierno intenta proteger a todos dentro de sus posibilidades pero fracasa, el esfuerzo por implementar las demás garantías será considerado como inútil y hasta hipócrita, a pesar de que estadísticamente disminuyan los riesgos.

Pero si el gobierno no hace nada y deja cada quien a su suerte, igual lo van a culpar de lo que suceda y por ser negligente. ¿Qué hacer? No hay soluciones fáciles, y todavía nos ha quedado por considerar a profundidad los tradicionales efectos del clientelismo, de la burocracia excesiva y de la corrupción propios no sólo de nuestro país sino de casi toda la región, en tal o cual proporción.

De mi parte, por ahora considero que hay que exigirle una aplicación seria de todas las garantías tanto electorales como de seguridad al gobierno y a la oposición (quien recibe debe dar y vice versa), y estar preparados para lo que se nos vaya a venir encima a todos los colombianos en caso de que la violencia vuelva a levantar su oscuro rostro, como se ha vuelto triste costumbre aquí. Quisiera ser más optimista, pero no creo que sea posible mientras persistan los rasgos característicos de nuestra situación a mediano plazo.

Una vez más, por si hiciera falta, los paramilitares y los guerrilleros nos demuestran que lo que los diferencia parece ser menos que lo que los une.


Recientemente se ha capturado a un supuesto enlace internacional de las FARC para sus negocios sucios, en particular el narcotráfico y el tráfico de armas, y ahora parecería que ese sujeto también tenía vínculos con las AUC en ese mismo terrible sentido. Hemos de admitir que no es nada nuevo bajo el sol, si recordamos que hay varios casos similares que nos servirían de antecedente, e inclusive podríamos remontarnos a las épocas mitológicas en que las guerrillas y "Los Extraditables" hacían acuerdos de caballeros, así fuesen efímeros.

Ni deja de ser muy lógico que así sea, a pesar de que en teoría sus discursos propagandísticos no sean compatibles a primera vista. Después de todo, México y Centroamérica, por ejemplo, les sirven a ambos como los escenarios internacionales más apropiados para negociar y obtener armas mediante la venta o "canje" de venenos por las mismas. Tienen que compartir ese espacio clandestino, y seguramente sería imposible que no tuvieran amistades en común, si hasta depronto sobornan a los mismos funcionarios aquí en "Chibchombia".

Claramente, no es una relación totalmente fluída, ya que en múltiples ocasiones, hay que decirlo, ambos grupos ilegales se han disputado sangrientamente el control de los respectivos corredores, cultivos y posesiones que hacen parte de la gran cadena del narcotráfico. Pero cierto entendimiento debe ser posible, de otro modo se paralizaría la industria de una explotación de la intoxicacion que es tan benéfica para los que, como ellos, no son más que verdaderos mercaderes de la muerte.

Probablemente varios nos sorprendimos con el reciente pronunciamiento del Jefe de Estado sobre la parcial desmovilización de los paramilitares, no tanto por la forma y contenido del mismo, sino por las circunstancias que lo rodean.


El señor "Ernesto Báez" aquí presente, responsable mediático de las AUC, fue directamente mencionado en el discurso presidencial, aludiendo a las presiones electorales que estaría ejerciendo en su feudo de Caldas. Lo que nos lleva a que, si bien es de agradecer que esos trapos sucios salgan a la luz pública, nos deja mal parados a la hora de pensar en qué es lo que puede hacerse para impedirlo.

Báez, entre las cosas que ha respondido, ha dejado claro que es imposible cumplir con el cronograma que fija como límite el 31 de diciembre para la desmovilización. Y, en todo caso, no se retracta de su "proselitismo político", el cual identifica dudosamente con los derechos garantizados en la Constitución, muy a las patadas. Eso no parece ser aceptable para el gobierno, y con razón. Pero, ¿entonces qué pasará si se termina rompiendo el proceso con las AUC? Es difícil tratar de estimar todos los efectos, excepto por el hecho paradójico de que a nadie le conviene del todo que eso pase, a estas alturas, a pesar de que todos han puesto su grano de arena por hundir el barco.

Ni a los mismos paramilitares que paralizaron el proceso dizque por solidaridad con cierto "Don", ni al gobierno que tanto ha sacrificado para llevar el proceso contra viento y marea, ni a las víctimas que quedarán sin pájaro en mano y con los mismos cien volando, ni siquiera a guerrillas oportunistas que tendrían que vérselas con las AUC en plan de recuperar espacios amenazados durante los últimos meses. Estamos en medio de una encrucijada decisiva y la salida, sea cual sea, no dejará de ser a la vez espeluznante e interesante.

Precisamente hoy ha empezado la conmemoración en firme de uno de los hechos más complejos de la historia colombiana, la toma por parte del M-19 y la retoma militar del Palacio de Justicia en 1985.


Un hecho cuya significación misma no escapa a las tensiones entre las tendencias políticas del momento, tanto las del 1985 como las actuales. No es fácil olvidar que hace algún tiempo el presidente Uribe y los ex-M-19, cada uno a su manera, han tratado de buscarse reéditos políticos basándose en su propia versión de los hechos.

Pero es más, durante la misma toma, el M-19 creía defender su interpretación de la democracia frente a un establecimiento injusto, y el ejército creía hacer lo propio frente a unos bandidos insurgentes. Quizás ninguno de los dos bandos estaba plenamente en lo cierto, después de todo, ambos son aspectos comprobables de nuestra realidad. Pues de poco valen las intenciones aludidas frente a la simple cronología del fuego, la sangre, el plomo y la impunidad para casi todos los involucrados, de lado y lado.

Al fin y al cabo, ambos contribuyeron a ejemplificar a todo color una triste sentencia que todavía hemos de experimentar en carne propia, día tras día, en diferentes presentaciones: la dignidad de las leyes poco puede hacer ante la crudeza de los hechos. El día en que eso cambie, por fin existirá verdadera justicia en Colombia, haya o no haya también paz para entonces.

Más tarde que temprano, lo sé, pero he solucionado varios asuntos espinosos de la vida real y, si todo marcha bien, a partir de ahora el funcionamiento del blog se reiniciará debidamente. Por fin ha terminado el sueño, tanto real como metafórico, en que había quedado inmerso el blog, curiosamente en medio de uno de los momentos más interesantes de la vida colombiana moderna.

Estando de regreso, he llegado a la conclusión de que varias cosas tendrán que cambiar en cuanto al funcionamiento y a la estructura del blog, por lo tanto con el tiempo habrá varios cambios de forma y de contenido. Igualmente, estoy dispuesto a oír las sugerencias de los visitantes al respecto, tanto por medio de los comentarios o directamente por correo electrónico. Todas serán bien recibidas.

Mis sinceros aprecios, excusas y saludos para los visitantes y en particular para las personas que mantuvieron o intentaron mantener algún tipo de comunicación durante mi ausencia del presente apartado. No fueron muchos, es cierto, nunca he pensado en LA HORRIBLE NOCHE como un blog especialmente concurrido en comparación con otros ilustres apartados, pero han sido los suficientes para hacerles este discreto reconocimiento.