martes, agosto 09, 2005
Para-metros
¿Cómo medir el grado de éxito o fracaso del proceso de desmovilización de los paramilitares? Esa es una pregunta altamente relevante, una que no puede ser inmune a cuestionamientos sobre la conveniencia del proceso a todo nivel más allá del de la moral y de la ética, sobre todo cuando se sabe que se trata de una desmovilización y entrega de armas por parte de los culpables de múltiples atrocidades no inferiores en barbaridad a las peores cometidas por las guerrillas.
Así las cosas, el proceso sigue rodando sin que todavía se haya logrado despejar el panorama tan controvertido y poco claro que lo rodea...
Uno de los indicadores a verificar, más allá del número de arsenales y de combatientes que estén fuera de circulación por el momento, sería el cumplimiento del cese de hostilidades que desde hace ya un par de años anunciaron las AUC. Lamentablemente, todo indica que como mucho habría una reducción, pero nunca un cese, de sus diversas acciones violentas. Nada de ésto es nuevo, pero olvidarlo no ayuda a corregir el problema.
Al contrario, es necesario tomar correctivos, y en particular la misión de la OEA sigue necesitando muchísima más ayuda y presupuesto para ejercer sus debidas funciones. Sino, al fin y al cabo terminará siendo un ente observador pero no un activo participante en el proceso. Ojalá que su nuevo Secretario General realmente tome las medidas necesarias para lograr una mejor verificación.
Por el lado del gobierno nacional, al menos el nuevo Fiscal General, Mario Iguarán, parece ser mucho más receptivo ante algunas de las sugerencias y críticas que se le han hecho a diversos aspectos del proceso. Eso es bueno, porque no toda crítica es mala, así no sea presentada en los mejores términos. Sobre todo si sabemos que el ignorar esas críticas puede contribuir a que el proceso no llegue a ninguna parte (Si no es del extranjero, ¿de dónde va a venir toda la ayuda financiera y técnica que se sigue necesitando?).
En todo caso, la positiva actitud del Fiscal no es tan extraña, si se tiene en cuenta que, cuando fue viceministro de Justicia, el señor Iguarán fue quizás quien más intentó lograr una conciliación sobre la Ley de Justicia y Paz con la oposición y varios aliados del gobierno (como lo era entonces Rafael Pardo), y él mismo posteriormente ha sido capaz de explicar esa ley internacionalmente.
De esa forma, quizás si el Fiscal General logra mejorar la implementación de la ley, superando con creces el texto como tal y algunos de sus vacíos, es posible que sea mucho más rentable todo el proceso, en términos no sólo económicos sino también humanos y de orden público, para toda la sociedad. Incluyendo, claramente, al mismo gobierno.
Precisamente, ahora falta esperar a ver si otras instituciones gubernamentales siguen su ejemplo, o si seguimos con más de lo mismo, tratando de tapar el sol con un dedo.
Así las cosas, el proceso sigue rodando sin que todavía se haya logrado despejar el panorama tan controvertido y poco claro que lo rodea...
Uno de los indicadores a verificar, más allá del número de arsenales y de combatientes que estén fuera de circulación por el momento, sería el cumplimiento del cese de hostilidades que desde hace ya un par de años anunciaron las AUC. Lamentablemente, todo indica que como mucho habría una reducción, pero nunca un cese, de sus diversas acciones violentas. Nada de ésto es nuevo, pero olvidarlo no ayuda a corregir el problema.
Al contrario, es necesario tomar correctivos, y en particular la misión de la OEA sigue necesitando muchísima más ayuda y presupuesto para ejercer sus debidas funciones. Sino, al fin y al cabo terminará siendo un ente observador pero no un activo participante en el proceso. Ojalá que su nuevo Secretario General realmente tome las medidas necesarias para lograr una mejor verificación.
Por el lado del gobierno nacional, al menos el nuevo Fiscal General, Mario Iguarán, parece ser mucho más receptivo ante algunas de las sugerencias y críticas que se le han hecho a diversos aspectos del proceso. Eso es bueno, porque no toda crítica es mala, así no sea presentada en los mejores términos. Sobre todo si sabemos que el ignorar esas críticas puede contribuir a que el proceso no llegue a ninguna parte (Si no es del extranjero, ¿de dónde va a venir toda la ayuda financiera y técnica que se sigue necesitando?).
En todo caso, la positiva actitud del Fiscal no es tan extraña, si se tiene en cuenta que, cuando fue viceministro de Justicia, el señor Iguarán fue quizás quien más intentó lograr una conciliación sobre la Ley de Justicia y Paz con la oposición y varios aliados del gobierno (como lo era entonces Rafael Pardo), y él mismo posteriormente ha sido capaz de explicar esa ley internacionalmente.
De esa forma, quizás si el Fiscal General logra mejorar la implementación de la ley, superando con creces el texto como tal y algunos de sus vacíos, es posible que sea mucho más rentable todo el proceso, en términos no sólo económicos sino también humanos y de orden público, para toda la sociedad. Incluyendo, claramente, al mismo gobierno.
Precisamente, ahora falta esperar a ver si otras instituciones gubernamentales siguen su ejemplo, o si seguimos con más de lo mismo, tratando de tapar el sol con un dedo.
Para reclamos penales, favor no contacte al autor. Seguramente se le practicará la abstención activa.
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