LA HORRIBLE NOCHE

Uno de los debates del momento tiene que ver con la discusión de la llamada "ley de garantías", que se supone debe contribuir a reducir las distancias entre el punto de partida del presidente-candidato y los demás candidatos en la próxima elección presidencial.

Como era de esperarse, ya se ha armado todo un revuelo político al respecto, sobre todo alrededor del reciente "acuerdo" entre el PDI y el gobierno. Pero quizás valdría la pena hablar más bien de un "compromiso" que de un "acuerdo" en todo el sentido de la palabra, porque lo que se acordó fue incluir ciertos puntos propuestos por el Polo al gobierno, y sinceramente poco más.

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Hay que recordar que el proyecto de ley todavía debe pasar por las plenarias de Senado y Cámara, y que no hay (que se sepa públicamente) ningún entendimiento sobre cómo habría de votarse su contenido en esos escenarios. Aunque, lógicamente, todo parece indicar que el proyecto conseguirá la aprobacion necesaria por la heterogénea "mayoría" uribista de siempre, una "mayoría" que puede ser leve, aplastastante o simplemente ausente, según se ha visto en el pasado.

A lo anterior se le suma el hecho de que el retiro del Partido Liberal de la discusión inicial probablemente no le agregará sino que le restará votos a la postura de esa agrupación política, ya que se deja ver caprichosa y amargada, como la de un niño consentido que da una pataleta cuando no consigue exactamente lo que quiere. Y eso encaja muy bien con ciertos vientos que rondan por los pasillos de esa colectividad.

Por eso se entiende que sean algunos Liberales los que más critiquen el supuesto "acuerdo", más o menos dando a entender que el PDI traicionó a la santísima oposición como un nuevo Judas, al sentarse a hablar sobre ciertos puntos con el gobierno, en vez de rechazar cualquier compromiso y resignarse a la infinita injusticia de la situación.

Pero, si no hay ninguna garantía posible, si todo está tan "mal" en el sistema político y es imposible derrotar a Uribe, ¿entonces porqué sí se van a presentar a las elecciones del Congreso, a las regionales y eventualmente (supongamos que los vientos se calman) a las presidenciales? Que alguien que sepa reconciliar tanta politiquería me lo explique.

Pero el tema no es tan superficial. Un acuerdo significaría que ya todo estuviera arreglado, que el gobierno y el PDI apoyasen el proyecto de ley tal como se ha redactado y que lo defenderán en tal sentido. No parece que ese sea el caso, mientras que un compromiso como el firmado implica apenas la aceptación de ciertos puntos en común, sin que ninguna de las partes ceda en el resto de los aspectos de la discusión, porque el enfrentamiento político, ideológico y mediático continúa. Lo que hay aquí es esencialmente una muestra del pragmatismo de ambas partes.

El PDI propuso que el gobierno le conceda a la oposición ciertas garantías electorales de carácter fiscal (las que tienen mayor perfil, porque el mundo moderno no hace sino ponernos a pensar en términos de dinero), mediático y político, incluyendo una verificación internacional (que puede ser una espada de doble filo). El gobierno, por su parte, acepta eso porque confía en su victoria y se amplía la legitimidad de esa ley, ya que también le beneficia la percepción de la existencia del "acuerdo". Pero hasta ahí, no más. Es que en realidad el PDI no ha dejado de criticar al gobierno tanto directa como indirectamente, se considera como una alternativa política, y dudo mucho que vaya a cambiar el resto de sus posturas simplemente porque se incluyeron las anteriores garantías.

Como es natural, dentro del mismo Polo, dentro de la misma izquierda, hay divisiones claras, entre quienes defienden lo que se logró conseguir, como algo necesario así sea insuficiente, y entre quienes prefieren insistir en la inexistencia de un acuerdo como tal y hasta podrían pensar en retractarse en un futuro e imitar a los Liberales. No lo sabemos. Pero en el fondo, pase lo que pase, pensemos en que la garantía electoral más importante, en nuestras circunstancias actuales, sería la de que se respete el derecho a la vida y a la protección de la integridad física. En ese punto prácticamente le doy la razón al señor Petro, aunque con algunos matices que él tal vez no quiera ni pueda señalar con mucha insistencia.

Entre ellos, que durante la administración actual han mejorado, así sea mucho o poco en cada región y circunstancia, las condiciones de seguridad, y fue posible que la oposición llevara a cabo una campaña exitosa en el referendo del 2003 y en las elecciones regionales de ese mismo año. Por lo tanto, si bien el problema de la violencia y de la intimidación persiste, y es grave y reprochable cada muerte de un político y/o de sus seguidores, la situación cuando menos es levemente mejor que las que se habían venido presentando en los últimos 20 años y más atrás (¿Qué garantías para la oposición había en el Frente Nacional ?). Hasta el momento, porque no se puede predecir con exactitud qué va a suceder el día de las votaciones, por supuesto.

Claro, sabemos que es la reelección la que hizo importante todo éste tema y le dió el impulso necesario al proyecto, por las conveniencias políticas del caso (¿qué más podría esperarse hoy sino eso?), pero el tema no se queda encerrado ahí. Desde hace mucho rato que en Colombia se necesitaba tanto un texto legal que sustentase unas garantías electorales claras y serias para la oposición, como también la posibilidad de que haya un mayor grado de aplicación de las mismas. Vale la pena repetirlo: ¿De qué serviría tener amplias garantías legales si no fuera posible ponerlas en práctica? De nada o casi nada.

En la práctica, la igualdad electoral es una abstracción, no existe porque hay en el mundo mil circunstancias que van favorecer a un presidente y/o a un candidato en una elección, así como también otras los van desfavorecer (¿había igualdad electoral total entre Bush y Kerry, o inclusive entre Chávez y sus opositores, para no ir más lejos? ). Lo que sí es más concreto es el que puedan reducirse las diferencias entre candidatos hasta cierto nivel, hasta donde lo permita la realidad de cada país, de cada sistema legal y de cada campaña electoral. Pero no hay verdadera igualdad.

Así, con reelección o sin ella, si se aprueba un proyecto de garantías (si no éste, pues entonces otro) y si se logra que una parte del mismo se vea reflejada en la realidad, por lo menos se habrá avanzado algo en esa dirección, la de reduccir las diferencias, lo que es mucho mejor que lamentar las desgracias y los malos tiempos, soñando con que algún día el país y el mundo van a ser diferentes, sin tener esforzarse en su gradual y dolorosa construcción, paso por paso.