miércoles, marzo 09, 2005
¿Y Dónde Está El Resto del Estado?
Esa es una de las reacciones que se producen cuando se habla de que el Estado va a hacer presencia militarmente en San José de Apartadó (y en sitios similares), después de los trágicos y confusos hechos que sucedieron allí.
Nuestra decisión es estar en todo el territorio nacional. El presidente Uribe ha dicho que en Colombia no habrá zonas de despeje (militar). No podrá haber comunidades de paz sin la presencia de la fuerza pública.
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¿Qué pasa si una comunidad decide aceptar o no a la Policía y al Ejército? Otra puede decidir que no acepta al alcalde y otra más va a decidir vivir sin autoridad alguna. Eso no puede ser, la presencia del Estado debe ser plena.
Se entra entonces en un dilema difícil de resolver. El Estado tiene la obligación de proteger a todos sus ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional y por ello es que, se supone, ostenta el monopolio de la fuerza coercitiva. Claro, en Colombia tal monopolio no existe, por obvias razones, pero el principio sigue siendo válido.
Pero entonces, ¿qué hacer cuando una comunidad se declara neutral ? ¿Y qué hacer cuando entidades internacionales piden que se respete tal condición y que al mismo tiempo se les otorge protección?
Un vocero de la Corte recordó este martes a la AFP que la resolución emitida el 9 de octubre de 2000 llama al Estado colombiano "a adoptar urgentes medidas para proteger a la comunidad de San José de Apartadó" pero, aclaró, "no hace referencia a la presencia o ausencia de la Fuerza Pública".
El punto concreto es: ¿Puede hablarse de neutralidad, rechazar la presencia de cualquier actor armado y al mismo tiempo exigir protección estatal?
Al menos militarmente hay una clara contradicción allí. Ni el ejército ni la policía pueden proteger efectivamente un lugar donde, precisamente, se les impide el acceso. Para conceder tal protección habría que entrar en la zona de manera permanente, pero eso implicaría una clara violación de la neutralidad de la comunidad, en los términos que ella misma la ha definido.
Si el ministro insiste en enviar la tropa pues nos iremos hacia fincas comunitarias. Nos reubicaremos donde no haya actores armados. Bienvenida siempre la autoridad civil, pero no la militar".
La alternativa sería que todos los actores armados se pusieran de acuerdo para respetar a éstas comunidades, pero desgraciadamente eso es muy difícil de lograr.
En esa declaración se presenta otra cuestión no menos importante. El Estado, en sus atribuciones no policiales, casi que no ha tenido una presencia civil verdadera en las zonas afectadas (y en muchas más), y mucho menos ha contribuido efectivamente al desarrollo cívico y productivo de éstas comunidades. El abandono estatal en éstos lugares es histórico, y es en esas situaciones donde la violencia puede crecer y extenderse con plena libertad.
Si no fuera así, entonces probablemente nunca se habría presentado el dilema que hoy nos preocupa, porque la población civil confiaría más en el gobierno y en sus agentes. La plena presencia del Estado, de la que hablaba el Ministro de Defensa, va mucho más allá del pie de fuerza, algo que si bien no deja de ser necesario, no es suficiente, en absoluto.
Todavía hace falta más, mucho más, para llenar esos profundos vacíos.
Para reclamos penales, favor no contacte al autor. Seguramente se le practicará la abstención activa.
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